Según datos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), anualmente se registran más de 7.000 incendios anuales en el país, mayoritariamente en la zona centro y centro sur.
El más grande ocurrió a fines de 2016 e inicios del 2017, recordado como el incendio de Santa Olga, que destruyó más de 570.000 hectáreas y tuvo 5.200 focos, cobrando once víctimas fatales y dejando más de 6.000 damnificados. Recientemente, en febrero de este año, otro incendio azotó la Región de Valparaíso, superando las 10.0000 hectáreas quemadas y afectando a cerca de 30.000 personas. Va a quedar en la historia por la cantidad de víctimas fatales, que se elevó a más de 130 personas.
El cambio climático crea condiciones favorables para que los incendios forestales y otras catástrofes causen mayores impactos, dado el aumento en las temperaturas y los cambios en la frecuencia de precipitaciones y otras alteraciones relacionadas con el clima. Y en este contexto, las Naciones Unidas ha señalado a Chile como uno de los países que podría estar más afectados por el cambio climático, debido a sus condiciones naturales y territoriales.
Cambios en la trilogía 30-30-30
Según comenta el director del Programa de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático UTEM, Luis Carrasco, la realidad de hoy es completamente distinta a la de veinte o incluso diez años atrás, con eventos mucho más devastadores que, a causa del cambio climático, provocan mayores consecuencias incluso en países donde existe mucha más tecnología, recursos y organización.
Antes, durante el verano, se hablaba de una trilogía de 30-30-30 como facilitadora de la propagación de los incendios, con temperaturas superiores a 30°C, vientos sobre los 30 kilómetros por hora y una humedad relativa del ambiente inferior a 30%, comenta el académico: “Hoy, estos factores se han exacerbado”, indica.
La temporada de calor no sólo se ha extendido durante el año, sino que las cifras -tanto de temperaturas como de velocidad del viento- aumentan cada vez más. “Estábamos acostumbrados a que durante la noche bajaba la temperatura y se detenía el combate del fuego; tampoco era frecuente tener temperaturas tan altas cerca de la costa. En tanto, ya no estamos visualizando ráfagas de viento, sino que corrientes permanentes y muy fuertes, que alcanzan hasta los 70km/h, favoreciendo una propagación vertiginosa de las llamas”, señala el experto.
Desarrollar una nueva gobernanza
Bajo esta óptica, es imposible enfrentar el problema de la misma forma que hace dos décadas. “Y más allá de la búsqueda de culpables y de la judicialización de las catástrofes, se requieren cambios culturales e institucionales, que nos permitan enfrentar este escenario más desafiante con mejores herramientas”, señala Carrasco.
Lo primero -dice- es trabajar en una política educativo-preventiva de Estado que abarque desde la formación pre Básica, Básica, Media y Superior incluyendo estamentos laborales y agrupaciones no formales como juntas de vecinos, instancias religiosas o deportivas: “Una política educativa en la que cada persona desarrolle y se empape de una cultura de la prevención, en la que cada uno sepa qué hacer, en diferentes escenarios, más allá de que funcione un sistema de alerta en el momento de la emergencia”, precisa Carrasco.
Si bien reconoce que las catástrofes han empujado un mejoramiento en el sistema, con mejores labores de coordinación y unificación entre las instituciones relacionadas ante emergencias de distinta índole, el académico de la UTEM señala también que queda importante camino por recorrer respecto a la administración de la emergencia y sus frentes.
“El manejo del riesgo tiene que estar en nuestra gobernanza, para contar con inteligencia que permita prever y planificar fuera de la situación de crisis; para trabajar y hacerse cargo del ordenamiento territorial, que es clave en la constitución de asentamientos irregulares en zonas de riesgo; y para invertir en prevención, que es mucho más rentable y eficiente -desde todo punto de vista- que hacerlo en reconstrucción”, concluye.